Bronca en el Govern: la Generalitat rectifica y avalará a los encausados por el Tribunal de Cuentas

Bronca interna en la Generalitat de Cataluña a cuenta de las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos del Govern por promocionar en el exterior el referéndum ilegal del 1-O. La Generalitat de Pere Aragonès ha rectificado y sí avalará estas fianzas recurriendo finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad de crédito público.

Así lo ha anunciado el consejero de Economía del Govern, Jaume Giró, este miércoles durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña. Lo ha revelado en respuesta a una pregunta de la diputada de JxCAT Elsa Artadi sobre a mejora de la calificación de la deuda de la Generalitat.

Este martes, el Govern de Pere Aragonès dio marcha atrás y renunció a avalar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas con el objetivo de no poner en riesgo el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, que iba a depositar el aval a falta de un banco que lo hiciera. El plazo para el abono de las fianzas concluye este miércoles. El ICF, que depende de la Conselleria de Economía, es el gestor de los más de 10 millones de euros de fondo público que dispuso la Generalitat hace dos semanas a través de las diferentes consellerias.

Sin embargo, Jaume Giró ha asegurado que en las últimas horas ha recibido llamadas del personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso, por lo que ha decidido cambiar de criterio.

«He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos», ha asegurado Giró al tiempo que ha confesado haber hablado de este asunto con Pere Aragonès.

5,4 millones de euros

Este miércoles terminaba el plazo para que los encausados pagaran las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, que ascienden a 5,4 millones de euros. La decisión de recurrir al ICF finalmente se ha tomado después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo impulsado por el Govern.

El Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones por la promoción en el extranjero del referéndum ilegal del 1-O mediante el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat o «embajadas catalanas». Cantidad en la que, por ejemplo, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un «encuentro de delegados» y 21.175 euros por el concepto «contratos».

Entre los afectados se encuentran los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.